¡Lavanderas y lavanderos!

En las próximas semanas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) elegirá a cinco personas que ocuparán el cargo de ciudadanos/as comisionados/as en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF); institución primordial que garantiza nuestro Derecho de Acceso a la Información (DAI) en la capital del país.

La convocatoria para la elección de las personas que ocuparán estos cargos se hace conforme a la ley, que de manera general señala que el proceso comprende propuestas ciudadanas, trabajo en Comisiones y elección por parte del Pleno de la propia Asamblea. La ALDF tiene la tarea de cuidar el proceso; pero no sólo eso, deberá garantizar que personas con la preparación y el compromiso con el DAI sean electos para que la ciudad siga avanzando en esta materia. Se trata de un proceso en el que deberíamos poder participar. ¿Por qué? Porque todos los interesados e interesadas en lo que pasa en nuestra ciudad debemos poder tomar parte de procesos que tienen que ver con los asuntos públicos y que impactarán de manera positiva o negativa sobre cómo vivimos y ejercemos nuestros derechos, más allá de lo electoral.

El Derecho de Acceso a la Información es muy importante porque nos permite acceder a información de interés que los entes públicos tienen la obligación de generar de manera completa, accesible, asequible y gratuita. De igual forma, es fundamental recordar que todos y todas tenemos el derecho de preguntar sobre la información que no es pública pero que es de nuestro interés (y que cuando lo hagamos, tengamos la garantía de que el Estado va a salvaguardar nuestros datos personales). A lo que voy con esto, es que la participación ciudadana debe vivirse en contextos de información relevante, real, completa, imparcial y objetiva que a la luz del desempeño de las instituciones de pleno curso a una democracia participativa. Por esta razón es que la consolidación de organismos ciudadanos, como es el caso del InfoDF, es fundamental para que el Estado haga realidad los derechos de los que somos titulares.

La elección de estos cargos del InfoDF es relevante y debemos pugnar porque el proceso se sujete a estándares altos de participación ciudadana. Y que cuando hablamos de todo el proceso, se entienda que la sociedad civil debe participar no sólo en la propuesta de candidatos y candidatas, sino también en el diseño del perfil a elegir y en la selección misma. Además, es importante que la sociedad civil le exija a la ALDF que dé cuenta con razones y fundamentos sobre porqué tomó las decisiones que tomó.

El contexto electoral que vivimos hoy es muy complejo y sabemos que las disputas por distintos escaños de poder serán el pan de cada día. Eso no justifica que estos cargos queden al arbitrio de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Por el contrario, procesos como éste deberían servir para generar verdaderas muestras de consolidación democrática.

Estaremos lejos de una verdadera democracia si dejamos que la selección de comisionados/as para el InfoDF se diluya en diputas o negociaciones entre partidos. Esta ciudad merece un proceso de avanzada -plural, abierto, objetivo e imparcial- que permita que este instituto cuente con los perfiles más calificados. No permitamos que instituciones que como el InfoDF sean presa de enredos políticos.

Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir que nuestro derecho a participar se respete y que podamos darle seguimiento puntual al proceso. Por su parte, la ALDF debe respetar y promover de manera plena nuestros derechos; y de igual forma, cumplir con los compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es necesario que nuestros asambleístas den muestras claras y contundentes de su compromiso con la pluralidad, seriedad y transparencia que este proceso merece, y que en su momento nos rindan cuentas sobre el mismo. ¿Estarán listos para esa responsabilidad?

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*Para más información sobre este tema, visita la página web del colectivoporlatransparencia.org

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En 2009, sin haber informado, consultado u obtenido el consentimiento de las comunidades predominantemente chinantecas en el municipio de Tuxtepex, Oaxaca, las empresas Electricidad de Oriente, Comexhidro y Conduit Capital Partners LLC iniciaron las obras del proyecto de conversión a hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro. ¿Y por qué no consultar a las comunidades? El proyecto original implicaba la pérdida del Arroyo Sal, que es una fuente de abastecimiento de agua indispensable para las comunidades de la región; así como un fuerte impacto en la biodiversidad de la zona para hacer los canales de desfogue y líneas de transmisión típicos de este tipo de obras. La historia de siempre: los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan.

Es importante aclarar que este proyecto está financiado por la Corporación Financiera de Inversiones Privadas en el Extranjero, institución estadounidense que brinda recursos a iniciativa privada para que invierta en proyectos en países en vías de desarrollo. Por lo general, este tipo de proyectos hacen uso de infraestructura estatal, por lo que la inversión es relativamente baja, y tienen un alcance de mediano plazo. Es decir, comienzan a ser redituables a los pocos años pero tienen una vida muy corta. La hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro está planeada para tener una vida útil de 50 años, y sólo 35 de ellos a su máxima capacidad. Ahora bien, es importante aclarar que el 70% de las ganancias le corresponderían a la empresa privada estadounidense y el resto a las empresas privadas mexicanas. Por otro lado, la población de la zona sólo recibiría las afectaciones al medio ambiente y a su forma de vida, sin beneficios directos. Una vez concluidos los 35 años, las disminuidas instalaciones pasarían de nuevo a manos gubernamentales, para después sostenerse del erario público.

Como suele pasar en estos casos, la mayoría de los habitantes de las poblaciones afectadas no estaba al tanto del proyecto y sus implicaciones sino hasta que la tala de árboles y explosiones con dinamita comenzaron. Históricamente, los pueblos indígenas han atestiguado cambios irreversibles en sus tierras y territorios sin que su voz, prioridades y derechos hayan sido escuchados.

México ha ratificado acuerdos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que es un instrumento jurídico internacional vinculante. Es decir, el proceso de consulta establecido en estos acuerdos internacionales debe garantizar el consentimiento libre, previo e informado. De igual forma, debe ser representativo, brindar información de manera sistemática y transparente; y, realizarse conforme a los usos y costumbres de los pueblos.

Cuando este tipo de proyectos de desarrollo son aprobados, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con las tres garantías del derecho internacional: la consulta previa para llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los pueblos, compartir razonablemente los beneficios, y realizar o supervisar estudios de evaluación de impactos ambientales, independientes y técnicamente capaces. Ninguna de estas tres garantías se han cumplido en el proyecto de Cerro de Oro. Fue necesario activar un mecanismo de rendición de cuentas internacional que presionara a las empresas para detener las obras y abrir mesas de diálogo para generar una alternativa de proyecto. El Estado todavía debe garantizar que se generen los estudios y procesos de consulta respecto a la alternativa de proyecto propuesta y respetar la decisión final de los pueblos chinantecas. Pero si ni siquiera se ve cerca una consulta, aún menos la reparación de los daños ocasionados por las obras realizadas sin consentimiento.

Este caso es por mucho la constante y no la excepción en México. La violación al derecho a la consulta impacta directamente el goce efectivo de otros derechos fundamentales. Es indispensable que el Estado provea las condiciones para que los pueblos, indígenas o no, participen activamente en los asuntos que les afectan, que transparente el proceso de toma de decisiones respecto a los proyectos de desarrollo y que brinde información oportuna y confiable acerca de éstos. Esta marcada tendencia en donde sólo las grandes empresas extraen todos los beneficios y dejan los costos a las poblaciones locales debe cambiar. La intención aquí es que los beneficios directos a largo plazo sean tanto para las empresas que invierten como para la población en general.

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¡Lavanderas y lavanderos!

No sé cómo describir mis sentimientos ante lo ocurrido la semana pasada en la frontera entre México y Guatemala, particularmente en el municipio de Tenosique, Tabasco. Estoy entre la incredulidad, la rabia y la vergüenza por el comportamiento de nuestro gobierno. Supongo que ya estarán enterados de que 71 personas guatemaltecas fueron forzadas a regresar a su país, pese a que habían salido de éste huyendo de la violencia y el acoso del Ejército guatemalteco y la Policía Nacional. Pero es que el caso es aún más grave: no sólo serán repatriados poniendo con ello en peligro su seguridad, sino que el desalojo del Ejido en el que se encontraban se hizo a través del uso de la fuerza y la coacción. Incluso algunas personas fueron correteadas y golpeadas para obligarlas a subir a los autobuses; a otros les retuvieron a sus hijos e hijas para así forzarlas a abordar los vehículos.

Pero no sólo eso: dos líderes comunitarios guatemaltecos fueron detenidos por la Policía Federal y presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que supuestamente había una denuncia anónima contra ellos por “tráfico de personas”. Entre los acusados por este delito también estaba el defensor de derechos humanos Fray Tomás González. No sé a ustedes, pero a mí todo esto me parece inadmisible e indignante. No es posible que nuestras autoridades traten a las y los inmigrantes de esta manera vejatoria e inhumana y que se siga utilizando el sistema penal como mecanismo de coerción a la defensa de los derechos humanos.

Además me enteré de que, antes de estos sucesos, el gobierno mexicano se había comprometido a regularizar la situación migratoria de la mayor parte de estas personas; esto mientras se negociaban los términos de su regreso a Guatemala. En un alarde de supuesto interés por el bienestar de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres desplazados, el gobierno había ofrecido darles apoyo humanitario (comida, agua, asistencia médica, etc.). Al darme cuanta de esto, además de sorprenderme, no pude menos que preguntarme cuál era el verdadero motivo de esta conducta tan incoherente de nuestros gobernantes.

Aún ando en busca de la respuesta porque a mí no me convence la versión del Instituto Nacional de Migración (INM). Según este instituto, se actuó por razones humanitarias; es decir, en realidad fueron obligados a desalojar porque el asentamiento en el que se encontraban los desplazados guatemaltecos no cumplía con las condiciones de vida mínimas. Vamos, que  les estaban haciendo prácticamente un favor al forzarlos, golpearlos y aterrorizarlos para abandonar el lugar donde pretendían quedarse hasta solucionar los problemas en el otro lado de la frontera. De plano, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y menos si tenemos en cuenta que la misión del INM según se propio mandato es “Contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana”; y que, para ello, uno de sus objetivos estratégicos es “garantizar el respeto de los derechos de los migrantes”.

Yo digo que ya es hora de que las autoridades migratorias cumplan de verdad con su mandato y aseguren la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de las y los migrantes. Y no que, como vienen haciendo, utilicen los recursos públicos, de todas y todos para criminalizar y atentar contra la dignidad de las personas. Fíjense que en este caso hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió que se esclarezcan estos hechos. Por mi parte, ya firmé la acción urgente promovida por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; en ella solicitan que las autoridades mexicanas paren la repatriación de las familias guatemaltecas que siguen en Tenosique, que garanticen que sean tratadas de manera digna y respetuosa, y que inicien una investigación sobre los motivos y las formas del desalojo forzado. Los invito a que hagan lo mismo y a que sigan muy pendientes de este grave caso que pone en entredicho la política migratoria de nuestro gobierno.

*Para más información sobre esta acción urgente consultar esta liga.

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¡Lavanderas y lavanderos!

El 2011 terminó con la lamentable noticia del asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La muerte de estos jóvenes se derivó de la represión a manos de elementos de la Policía Federal y Policía de las Fuerzas Especiales en respuesta a que estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” tomaron la salida de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir que el Gobierno de Guerrero cumpliera con sus demandas en materia de educación. Históricamente, esta Normal rural ha tenido que recurrir a la protesta en demanda de presupuesto, que año con año es insuficiente y se traduce en insuficiencia de plazas, menoscabo de otros derechos y en detrimento de un efectivo goce del derecho a la educación y al trabajo.

El caso es preocupante por múltiples razones. Por un lado, resulta alarmante que el Estado ejerza de manera desmedida el uso de la fuerza y que cometa gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por otro, muestra la total ineficiencia en el uso de mecanismos no violentos de solución frente a problemáticas sociales sensibles. El caso de la Normal de Ayotzinapa hace eco y magnifica que actualmente el país no sólo vive realidades de desigualdad social y discriminación que se traducen en que las personas no puedan gozar de derechos de calidad (como es el derecho a la educación), sino que adicionalmente, sectores históricamente discriminados, enfrentan la fuerza desmedida del Estado.

Las investigaciones no han alcanzado a determinar quiénes son los responsables de la muerte de los normalistas y de las demás violaciones a derechos humanos ocurridas el pasado 12 de diciembre de 2011. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha presentado un informe preliminar que confirma irregularidades que hacen aún más nebulosa la posibilidad de fincar responsabilidades y tener un panorama claro de lo ocurrido; lo que denota también la respuesta incompleta por parte de las autoridades vinculadas.

Es obligación de las autoridades responsables dar respuesta a las exigencias de justicia y reparación del daño de las víctimas del caso. Es importante resaltar que el Estado, como depositario del monopolio del uso de la fuerza, debe guardar en todo momento y con el mayor cuidado posible que, frente al ejercicio de esta facultad, no vulnere derechos humanos. Es preciso recordar que el Estado también es responsable de optar por vías de solución de conflictos y de prevención que eviten llegar a situaciones como la ya descrita.

A todas luces, el caso de los normalistas de Ayotzinapa muestra no sólo la falta de diligencia del Estado en el uso de la fuerza, sino su inefectividad en la promoción y respeto de los derechos más básicos de los que somos titulares, como es el derecho a la educación y el derecho a inconformarnos.

Es necesario seguir de cerca el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa y velar porque los responsables rindan cuentas y las víctimas accedan a la justicia. También es importante recordar que la protesta social es un derecho de todos y todas, y el Estado, en manos de sus agentes, no puede hacer un uso desmedido de la fuerza. Y cuando la situación orille al empleo de la fuerza, el Estado deberá hacer uso de sus facultades siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Siempre.

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¡Lavanderas y lavanderos!

Fíjense que apenas ayer me enteré que el pasado 18 de diciembre se celebró el Día de acción global contra el racismo y por los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados. Eso me hizo recordar que las personas, independientemente del lugar en donde se encuentren, son titulares de derechos y los Estados (es decir, los países) deben poner en marcha las acciones necesarias para hacerlos efectivos. Así que las personas que viven y transitan en un determinado territorio tienen una amplia gama de derechos que incluyen el derecho a la salud, al trabajo, a la libertad, a la integridad y seguridad personales, a la educación, al acceso a la justicia, entre muchos otros.

Parte de las acciones que realizan los países para garantizar estos derechos incluyen programas que sus instituciones desarrollan. Y con el objetivo de que estos programas se traduzcan en beneficios para la población a la que van dirigidos, el Estado debe también designarles recursos económicos para que operen. Es ahí justamente donde el tema de la transparencia presupuestaria es fundamental, porque separa los discursos de los hechos. Si toda la ciudadanía sabe en dónde y cómo se gasta el dinero público, podrá conocer realmente las prioridades del gobierno y evaluar si sus acciones tienen o no un impacto positivo sobre la vida de las personas.

En el caso del presupuesto asignado a la población migrante en nuestros país, me sorprendió gratamente saber que la institución encargada de implementar las acciones en la materia, el Instituto Nacional de Migración (INM), estará obligado a informar a la Cámara de Diputados, a través de informes trimestrales de carácter público, cuántos recursos se destinan a cada uno de los cuatro programas de protección a migrantes que ejecuta.

No se trata de un capricho. Es muy importante recordar que las instituciones públicas en México están obligadas por ley a revelar en qué destinan los recursos económicos que reciben. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos darle seguimiento a estos recursos y pugnar porque su uso sea efectivo y transparente. Pero no sólo se trata de transparencia en el INM: nuestro país tiene además el compromiso de hacer efectivos los derechos humanos de las personas migrantes, ya que son parte de las obligaciones que ha adquirido al firmar y ratificar numerosos tratados internacionales.

Así que ahora que los montos que destina el Instituto Nacional de Migración a los programas que desarrolla serán públicos, tendremos la posibilidad de evaluar si efectivamente responden a las necesidades de la población a la que van dirigidos. De igual forma, podremos tener una idea más clara de las prioridades que en materia de migración tiene el Estado mexicano y si sus acciones respetan y garantizan los derechos humanos o sólo forman parte de un discurso oficial hueco y sin sustancia. Será tarea de todos y todas verificar que este instituto entregue dichos informes y exigir que la información contenida en ellos sea completa y de calidad.

¡Lavanderas y lavanderos!

Esta semana me encontré con una compañera de la prepa que hacía años no veía, ¡qué alegría me dio! No pudimos platicar mucho, pues ella anda bastante atareada porque anda reuniendo información para la nueva edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) que saldrá el año que viene. Ya les he comentado en varias ocasiones lo importante que es conocer cómo se gasta el dinero público (además de que es un derecho). Ese que sale de nuestros bolsillos en manera de impuestos y luego se usa para pagar, entre otras cosas, los servicios públicos que utilizamos, como centros de salud, escuelas, transporte, mantenimiento de calles, el salario de los funcionarios y así un largo etcétera.

Este índice, que coordina Fundar, es muy importante porque permite conocer cuál es el nivel con el que se transparenta la información sobre el presupuesto en nuestro país. Se preguntarán cómo logran calcular esto. Muy sencillo, aplican un cuestionario a legisladores, servidores públicos, académicos, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil para preguntarles cómo perciben el acceso a la información sobre el gasto público y cómo se ajusta a sus necesidades. Su punto en común: utilizan la información presupuestaria diariamente para la realización de su trabajo; vamos, que le saben mucho al tema.

Pero aquí no acaba la cosa, porque como su nombre indica, el ILTP es un estudio que se realiza en diferentes países de América Latina. Por lo que gracias a éste podemos saber cómo se encuentra México respecto a otros países de la región. Igualmente, nos permite conocer cuáles son las prácticas de publicación de información del presupuesto en otros lugares y, así, aprender sobre los aciertos. ¿Qué les parece? Yo creo que es una muy buena idea. Según tengo entendido, este índice se publica cada dos años desde 2001 e invariablemente México obtiene cada vez peor puntuación. Por lo mismo, creo que es indispensable seguir poniendo la lupa en los problemas a nivel nacional para consultar y utilizar en nuestro beneficio la información sobre el gasto de nuestros recursos.

Para 2011, nuestro país será comparado con Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Habrá que estar pendientes de los resultados que se publicarán en 2012 que es, además, final de sexenio y, por lo tanto, servirá para evaluar las acciones del actual gobierno en materia de transparencia presupuestaria. Yo voy a seguir muy atenta a los avances del índice; de hecho, ya le pedí a mi amiga que me enviara datos e información sobre el tema. Ahí les cuento cómo va la cosa. Mientras tanto, los invito a que consulten la página web del ILTP con información sobre México y los otros países para los años anteriores. De a de verás, está muy pero que muy interesante.

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¡Lavanderos y lavanderas!

Hoy, al escuchar las noticias, me llamó la atención que la Presidencia de la República hubiera lanzado un comunicado de prensa donde criticaba a activistas e intelectuales. Me acordé entonces que mi vecina me había platicado de la participación ciudadana y hasta me había explicado el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en esta delicada situación de violencia que vive nuestro país.

La crítica de la Presidencia llegó como reacción a que un grupo de mexicanos y mexicanas presentara un caso ante la Corte Penal Internacional en La Haya por la preocupante cifra de muertos en el combate al narco. En otras palabras y de acuerdo a estos activistas e intelectuales, lo que está haciendo el Gobierno para combatir a la delincuencia organizada está causando que muchas personas mueran sin que eso se traduzca en más seguridad para nosotros los ciudadanos y ciudadanas. La respuesta del Presidente fue muy severa: catalogó el hecho de absurdo y sin sentido, y además, amagó con actuar legalmente en contra de esas personas.

En el cuerpo de este texto, el Gobierno Federal no sólo manifiesta su rechazo a las imputaciones que dicha demanda contiene, sino que además –de manera desafortunada–, denigra el ejercicio de un derecho ciudadano universal: el de acudir ante una instancia internacional y explorar cualquier medida legal para acceder a la justicia y al debido proceso legal.

Es importante saber que cualquier individuo u organismo comprometido con los derechos humanos tiene el derecho de expresar y manifestar sus opiniones e ideas sin amenazas, sin hostigamiento y sin intimidación. En este caso, cualquier persona tiene la posibilidad de acudir ante cualquier instancia sin que este ejercicio de sus derechos le sea cuestionado. En todo caso, es una obligación del Estado mexicano velar por el cumplimiento pleno de este derecho y abstenerse de obstruir su ejercicio.

El asunto finalmente es que todos y todas tenemos derecho a expresarnos y a recurrir a los mecanismos legales, dentro o fuera de nuestro país, cuando consideramos que derechos tan básicos como la vida, la libertad o nuestra seguridad se están violentando; tengamos o no razón. Además, Cortes como la de La Haya existen para decidir sobre si un país o Gobierno ha cometido ciertos delitos y es bajo sus propios términos que este tipo de tribunales resuelve si se ha cometido o no una violación a los derechos humanos, como son los calificados crímenes de lesa humanidad. Lo que no puede suceder es que un Gobierno mande un mensaje de censura y descalificación cuando lo único que hicieron los activistas e intelectuales es hacer uso de uno de sus derechos. Lo que le toca a los Gobiernos es acatar estos procesos y garantizar que todos sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan por igual todos sus derechos.

Queda claro que la Presidencia de la República no debería actuar de esta manera porque manda un mensaje negativo que bien puede desincentivar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a que exploren cualquier medida legal en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño cuando no han encontrado respuesta en los recursos domésticos.

Lo que el presidente debe hacer entonces es responder a los procesos legales internacionales o nacionales a los que se vea sometido. Eso de mandar mensajes intimidatorios sólo confunde a ciudadanos y ciudadanas sobre el significado y alcance de su derechos, mismos que en todos los casos deben promoverse y respetarse. ¿No creen?

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¡Lavanderas y lavanderos!

No hay plazo que no se venza y el de los diputados les llegó el pasado 15 de noviembre cuando aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012. Por esas mismas fechas, le comentaba a un amigo que esa era la última oportunidad que tenían los diputados de esta legislatura para lucirse en su chamba porque el próximo año ya vendrían nuevos legisladores. Mi cuate me respondió que era una gran ocasión para hacer un presupuesto que realmente respondiera a nuestras necesidades.

Las palabras de mi amigo me sonaron muy lógicas, así que cuando me enteré que ya habían aprobado el Presupuesto de Egresos decidí preguntarle a mi sobrino, que sabe un montón de estos temas, que qué tanto habían cumplido con al menos las 10 faltantes de las que les hablé la semana pasada. Tenía la esperanza de que en efecto se hubieran lucido, sobre todo porque el 2012 es un año decisivo para todas y todos. Y vaya chasco el que me llevé: mi sobrino me dijo que en esta ocasión y con base en esos diez puntos (que apuntalan al mismo número de problemas urgentes), se había podido avanzar en algunos aspectos pero que al final el trabajo de los diputados dejó mucho que desear.

Mi sobrino me comentó que hubo avances significativos en el Seguro Popular; que por cierto es el instrumento de salud que cubre a ¡53 millones de mexicanos y mexicanas! Ahora se incluye cobertura a más enfermedades y se le asignó más dinero. Pero lo mejor es que los legisladores le pusieron candados para que el dinero que se va a este sistema sea utilizado de forma más transparente. Ahora habrá evaluaciones de la Secretaría de Salud para verificar que los estados utilicen el dinero que reciban para verdaderamente comprar medicamentos y brindar una efectiva atención a los pacientes. También hubo avances en el tema de VIH/SIDA: se aprobó más dinero para la prevención y atención de este mal que aqueja a más 225 mil personas en México, la mayoría de ellos jóvenes.

Sin embargo, hubo también retrocesos graves en el tema de salud; como en el caso de la mortalidad materna. Se asignaron menos recursos a una acción que supuestamente es prioritaria para el gobierno mexicano. De igual forma, se otorgó menos lana para construir hospitales y comprar equipo necesario para los ya existentes. Y una pensaría que no hay dinero para cubrir la prioridades de salud en nuestro país; sin embargo, me explicaba mi sobrino que a la par de estos recortes hubo aumentos en gastos no tan vitales; como es el caso de la comunicación social y la publicidad oficial. No digo que no sean importantes, pero ¡hay prioridades! Lo peor es que además este dinero asignado a la comunicación del gobierno es completamente discrecional y no tiene candados. No hay forma de saber en qué se lo están gastando. El próximo año hay elecciones en todo el país, y la neta no es que una sea mal pensada pero es que aquí sí aplica el famoso “La mula no era arisca, la hicieron a palos”. ¿Cómo sabremos que todos los millones que se asignaron a comunicación social y publicidad oficial se van a utilizar adecuadamente?

Para nadie es un secreto que los diputados y diputadas ya se van. Por lo mismo, muchos andan buscando hueso y están viendo cómo beneficiar a sus partidos; lo cierto es que el presupuesto recientemente aprobado no refleja necesariamente las prioridades para nosotros los ciudadanos. Parece que nuestros legisladores siempre encuentran una forma para que algunos privilegiados salgan mejor parados que el resto de nosotros, ¿a poco no? Por lo pronto, con ayuda de mi sobrino y la página web www.curul501.org, me puse a localizar a los diputados que estuvieron más activos en esta negociación presupuestaria y ya les dejé mi opinión (en algunos casos no fue tan amable). Los invito entonces a que ustedes hagan lo mismo: visiten este sitio y busquen a sus diputados y diputadas. Con esta herramienta es bien fácil comunicarse con ellos y dejarles saber qué opinan de su trabajo. ¿Se atreven o no se atreven?

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*Página web “Las 10 Faltantes: http://www.las10faltantes.com/

*Curul501: http://www.curul501.org/

¡Lavanderas y lavanderos!

Ya les había comentado la semana pasada sobre los recortes que el gobierno ha presentado para la prevención y atención del VIH/SIDA. Pues resulta que me quedé muy interesada y decidí investigar un poco más sobre el tema. Y así fue como fui a dar con la página de Internet Las 10 faltantes; ahí descubrí que el presupuesto presentado por el gobierno para 2012 presenta otros problemas, además de la reducción en un 85% del presupuesto total para VIH/SIDA del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Cuando dicho instituto es el que atiende a más personas con este padecimiento a nivel nacional.

Resulta que también se han disminuido los recursos para programas dirigidos a atender la salud sexual y reproductiva, ¿lo pueden creer? ¡Con la falta que hacen! Imagínense, en nuestro país más de mil mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Increíble que se den el lujo de recortar el presupuesto destinado a reducir la muerte materna ¡en un 21%! Y, mientras recortan de aquí y de allá en los programas sociales, ¡le aumentan al gasto en comunicación social! Lo que significa, en su mayor parte, publicidad de los logros del gobierno. Y yo me pregunto, ¿no será que nos quieren convencer de que están cumpliendo sus obligaciones cuando en realidad no destinan suficiente dinero para ello? Y es que como este gasto no está bien regulado y los y las diputadas no tienen buenas herramientas de control, el gobierno hace lo que se le pega su gana. De hecho, en 2010 gastó más del doble de lo que en principio presupuestó, en una cantidad que superó en diez veces el presupuesto para mortalidad materna de ese año.

Además, existen otros problemas como que el proyecto de presupuesto no incluye medidas para que las y los ciudadanos tengamos información clara de cómo están gastando el presupuesto para la construcción de clínicas y hospitales y para la compra de medicamentos. La cuestión es que, como ustedes bien saben, los centros de salud están saturados o nos quedan muy lejos de casa y muchas veces no nos dan las medicinas que necesitamos porque sencillamente no las tienen. Claro, esto impacta en nuestro bolsillo, lo que es inaceptable. Ni qué decir de cómo esto afecta a nuestro derecho a la salud. Y es que nuestros gobernantes no nos rinden cuentas, ni a nosotros ni a las diputadas y diputados.

Pero ahí no queda la cosa, en esta página también pude enterarme de otras cuestiones de gran interés. Una de ellas es que es imposible conocer el dinero que el Instituto Nacional de Migración (INM) utiliza para proteger a los migrantes mexicanos y extranjeras que día tras día y por miles buscan llegar a Estados Unidos. Y no sé qué pensarán ustedes, pero para mí esto no es cosa menor. No hay día que en las noticias no aparezcan nuevos casos de abuso a migrantes: robos, extorsiones, secuestros, violaciones y hasta asesinatos. ¿Cómo es posible que no nos informen sobre cuántos recursos usa el gobierno para combatir y erradicar estos delitos y proteger a las personas sin importar su país de nacimiento, tal como lo estipula nuestra nueva Ley de Migración?

Por último, ¿sabían ustedes que nuestro presupuesto se financia en una buena parte con el dinero que genera el petróleo? Pues es por eso que es tan importante que los contratos que PEMEX otorga a empresas privadas para su explotación sean de la mayor calidad. Por ello, es muy importante conocer cómo se están asignando, a qué empresas y por qué motivos, cuáles son sus características concretas y cuáles están siendo sus resultados. Vamos, que nos tienen que contar muy bien sobre estos contratos. Pero, pues nomás no lo hacen y casi no hay información, ¡cuando son recursos públicos los que están en juego!

Todo lo anterior se resume en una cuestión muy concreta: hay mucha opacidad y falta de transparencia en nuestro presupuesto público y no se nos rinden cuentas ni a la sociedad ni a las legisladoras y legisladores. Además, estos últimos deberían ya de una vez por todas empezar a controlar adecuadamente las acciones del gobierno, que es al fin y al cabo su chamba. Y claro, para ello deben considerar las propuestas de la sociedad civil, ¿no creen? Cosa a la que parece se resisten año con año. Como todo esto nos afecta a todas y todos, les invito a leer lo que denuncian estos investigadores en Las 10 faltantes y a exigir a las diputadas y diputados que, ahora que deben aprobar el presupuesto, incluyan sus propuestas y recomendaciones.

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*Página web “Las 10 Faltantes: http://www.las10faltantes.com/

¡Lavanderas y lavanderos!

Hoy por la mañana saliendo de mi edificio, que me encuentro con mi vecina. Ella es muy buena para explicar esos temas tan complicados que oímos en las noticias y que muchas veces tienen que ver con lo que hace el gobierno. Cabe decirles que ella trabaja en una organización de la sociedad civil. Estaba un poco exaltada, más bien molesta, y me comentó que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos echarle un buen ojo a la Cámara de Diputados, ya que en estos momentos están por discutir el Presupuesto para 2012. – ¿Presupuesto? – A ver, cuénteme porque eso del presupuesto la tiene tan angustiada, – le pregunté -.

–Pues mire vecina – me respondió. El Presupuesto de Egresos de la Federación, “el PEF” es algo así como la lista del mandado. Piense una receta, por ejemplo un caldito de pollo, ahora piense qué necesita para prepararlo: unas piezas de pollo, verduras y otras cosas. Igual que su caldo, el gobierno dice “queremos hacer carreteras, hospitales, programas sociales, entre otras cosas” y para ello necesita recursos. Es decir, dinero.

Lo que se está discutiendo actualmente es cuánto y en dónde se va a gastar ese dinero que es nuestro, porque recuerde que todos y todas pagamos impuestos cuando vamos a la tienda o cuando pagamos un servicio. Es muy importante no perder de vista ese dinero –dijo la vecina– porque ese dinero va a influir en la vida de todos los mexicanos y mexicanas. Piense por ejemplo, en las medicinas del centro de salud; si el presupuesto es más alto habría mejor abasto de medicamentos. Ahora piense,- me dijo-  que un año se dan millones de pesos para un programa de salud dirigido a personas con VIH/SIDA y que con ese dinero se compran medicamentos y se proporciona atención médica. Ahora imagine que después de haber contado con esos medicamentos y servicios, al año siguiente en el PEF, del que ya le conté, se reducen esos recursos. Bueno, pues las consecuencias son terribles – las personas pueden morir porque, – tan sencillo- , ya no hay suficientes medicamentos porque no se destinó el mismo dinero que antes sí.

Su ejemplo me espantó, y pensé que además de ser terrible era ilógico – ¿por qué al gobierno le resulta menos importante la prevención del VIH/SIDA este año que el anterior? sobre todo en algo tan importante como es la salud e incluso cuando la vida de las personas está en juego. Preocupada le pregunté que -qué podíamos hacer-. Ella como siempre, confiada en que como ciudadanos y ciudadanas debemos participar, me dijo que en este tema, la participación no es la excepción.

Me explicó también que el Presidente, cada año presenta una propuesta de PEF para que las diputadas y los diputados antes del 15 de noviembre lo revisen, discutan, modifiquen y aprueben. Me contó que este año la propuesta de PEF que mandó el Ejecutivo, tiene serios problemas ya que el ejemplo que me invitó a imaginar ¡es real! Ella sabe que la propuesta redujo presupuesto a programas de salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA e infraestructura sanitaria, entre otros.

Lo primero que podemos hacer – me dijo- es difundir esta información ya que muchas personas no conocen qué es el PEF y la importancia que tiene. Invitarlas a dar seguimiento a las discusiones en la Cámara de Diputados y exigir a nuestros gobernantes que nos den cuentas de cómo y por qué toman ciertas decisiones, pedir transparencia en todos los procesos y que nos informen de manera clara.

Por último, me dijo que todo lo anterior es nuestro derecho, sobre todo cuando nuestros representantes deciden que los recursos económicos sean destinados a que gocemos y ejerzamos nuestros derechos, como a la salud, recreación, educación etc. Por ello, debemos exigir que no se reduzca el presupuesto destinado cada año, al contrario. A esto, se le llama que no haya regresividad en el presupuesto.

Finalmente me explicó, que el Gobierno tiene la obligación de destinar recursos de manera constante para que mis derechos más elementales como la salud, sea una realidad; y que eso debería notarse en mejoras al pasar del tiempo. A esto me dijo se le llama progresividad en el presupuesto.

Gracias a la vecina que siempre anda metida en cosas de las y los diputados, entendí acerca de lo que se habla en las noticias en estas fechas, y aprendí más sobre mis derechos.

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