Lavanderas y lavanderos,

No sé si a ustedes les ha tocado un caso similar, pero resulta que una conocida de catorce años quedó embarazada. La verdad, ando bien preocupada por esta cuestión, no puedo dejar de pensar que se trata de sólo una niña, me inquieta que tenga que dejar la escuela y que, en vez de estar divirtiéndose como cualquier chica de su edad, tenga que andar cuidando a su bebé. Pero en fin, así se dieron las cosas. Poco sabía ella sobre prevención del embarazo y, según me cuentan, en el pueblo en el que vive es bien difícil acceder a métodos anticonceptivos. Y lo peor es que el embarazo en adolescentes está muy extendido en el país, el caso de mi conocida está lejos de ser el único.

Para que se den una idea, según me contó una amiga que pertenece a la Coalición por la Salud de las Mujeres, casi el 30% de las niñas mexicanas entre 10 y 14 años hospitalizadas en 2009 estuvieron internadas por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el aborto. ¿Se imaginan? ¡Tres de cada diez niñas! No sé a ustedes, pero a mí esta cifra me dejó helada.

Ante esta información, comencé a preguntarme qué es lo que hace nuestro gobierno para enfrentar esta urgente situación. Gracias a mi amiga de la Coalición pude enterarme que más bien poco. De hecho, el Programa de Acción de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, único programa específico para este tema y que fue creado en 2007, ha contado con muy pocos recursos durante este sexenio. Y eso pese a la gravedad del problema de los embarazos en adolescentes que existe en nuestro país, tanto a la hora de prevenirlos como a la hora de darles atención durante la gestación y el parto. Aquí un dato para que me digan ustedes si este tema es o no urgente: durante 2010, una de cada diez muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, se dio en jóvenes menores a los 19 años.

Pero el problema y la falta de recursos parece que no se limita a este programa, sino que es una situación generalizada en todos los programas dirigidos a la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Vaya, el gobierno ha mostrando poco interés en atender esta parte fundamental de nuestro bienestar y está incumpliendo sus compromisos para asegurar nuestro derecho a la salud. Y ya que el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, quiero proponerles unirnos a la Coalición –que además este mismo mes cumple cinco años de su formación– para exigirle al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones en este tema.

El gobierno debería sentar las bases para la continuidad de los programas de salud sexual y reproductiva, especialmente los dirigidos a adolescentes, a la provisión de anticonceptivos, a las mujeres indígenas y a la atención a todas las mujeres con VIH-SIDA. Uno de los caminos para ello es asegurar que durante el año 2013 estos programas cuenten con recursos suficientes y abrir espacios de participación de la ciudadanía en las decisiones sobre los mismos. Y, como ya va de salida, no estaría de más que el gobierno explique los logros, o la falta de los mismos, de estos programas para asegurar la salud sexual y reproductiva y, por tanto, el derecho a la salud de las mujeres, jóvenes y adolescentes de nuestro país.

¿Cómo lo ven ustedes? ¿No creen que nosotras y nuestras hijas bien valemos el esfuerzo?

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La controversia de la semana pasada entre los candidatos presidenciales sobre gasto en publicidad oficial es sintomático de una falla estructural de la democracia mexicana que vicia la relación entre medios de comunicación y poder. En efecto, la polémica refleja la falta de transparencia, control y regulación en este rubro. La publicidad oficial fortalece el debate democrático únicamente cuando se usa bajo reglas claras y con el objetivo de informar a los ciudadanos. Esto no sucede en México en la actualidad.

La ausencia de reglas en el uso de la publicidad oficial favorece intereses privados en lugar de informar a los mexicanos sobre sus deberes y derechos, así como las decisiones que atañen su vida. Sin un marco normativo adecuado en la materia, la publicidad oficial se utiliza para influir sobre los contenidos de los medios de comunicación: los gobiernos en turno asignan la pauta publicitaria en función de la línea editorial de estos medios para premiarlos o castigarlos, según sea el caso.

Las prácticas mencionadas son antidemocráticas, limitan la pluralidad informativa en el país y socavan la libertad de expresión. Urge romper con las inercias, y que los gobiernos, en sus tres niveles, establezcan reglas claras para que la publicidad oficial beneficie a las y los ciudadanos, en lugar de servir para legitimar gobiernos y construir imagen pública de los gobernantes.

Para acabar con el uso desproporcionado y discrecional de la publicidad oficial, los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas, expertos, y ciudadanos, exigimos que los candidatos a la presidencia de la república se comprometan a integrar en su programa de gobierno los siguientes puntos:

1. Garantizar la transparencia y el fácil acceso a toda información relacionada con la utilización de los recursos públicos destinados a publicidad oficial. Los gobiernos deben publicar información desglosada de estos gastos e indicar el monto, el proveedor, el tipo de medio, el concepto, la campaña, el contrato y la factura.

2. Impulsar desde el Poder Ejecutivo una ley que regule la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la publicidad oficial. Esta ley deberá apegarse a los ocho principios publicados por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión en 2011. Los criterios que promueven estas instancias internacionales son: establecer leyes especiales, claras y precisas; definir objetivos legítimos de la publicidad oficial; detallar criterios de distribución de la pauta estatal; determinar una planificación adecuada; aclarar mecanismos de contratación abiertos, transparentes y no discriminatorios; promover la transparencia y el acceso a la información y establecer un control externo de la asignación publicitaria así como sanciones adecuadas.

FIRMAS

Adhesiones de organizaciones:

Acción Ciudadana de Construcción Nacional, Algo en Común, Amarc, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Amedi Capítulo Jalisco, Amedi Capitulo Oaxaca, Amedi Capítulo Puebla, Artículo 19, Cencos, Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática, CitiVox, Ciudadanos en Medios, Colectivo CIMTRA, Cultura Ecológica, Democracia e Información, Colectivo por la Transparencia, Ethos Fundación, Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación (GESOC), Guerrero Transparente A.C., Iniciativa Sinaloa A.C., Jalisco Cómo Vamos, Locallis, México Infórmate, Pacto Nacional por las Mujeres, Periodistas de a Pie, Semanario Libertad de Palabras, Sonora Ciudadana A.C., Transparencia Benemérita A.C., Tu voto es tu arma.

Adhesiones a título personal:

Alberto Serdán Rosales, Aleida Calleja, Alejandra Ezeta, Alejandra Ríos Cázares, Alejandro González, Almudena Ocejo, Amira Cruz, Ana Cristina Ruelas, Ana Francisca Vega, Ángel Martínez Armengol, Beatriz Solís, Carolina Vivanco, Daniel Lizárraga, Darío Ramírez, Denise Dresser, Diego de la Mora, Diego E. García-Preciado Jáuregui, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Tinoco Valle, Eric Pacheco Beltrán, Erick Fernández Saldaña, Estela Margarita Torres Almanza, Gabriel Sosa Plata, Haydeé Pérez, Héctor Rubio, Ignacio González, Iván Aldama Garnica, Jacqueline Susana Flores Gutiérrez, Jaime Netzahuátl Jiménez, Jaime Villasana Dávila, Jenaro Villamil, Jesús Cantú Escalante, John Ackerman, Jorge Hernández, Jorge Machuca Luna, Jorge Oropeza Pérez, Jorge Villalpando, José Antonio Caballero, José Bautista Farías, José Buendía Hegewisch, José Gil, Juan Gómez Pérez, Juan Sebastián Larrosa Fuentes, Juan Ignacio Castiello Chávez, Judith Vázquez Arreola, Julio Juárez Gamiz, Justine Dupuy, Keerem Arauza, Leonora Valentina Jiménez Franco, Lilia Saúl, Lilia Vélez Iglesias, Lourdes Morales Bermejo, Lucía Lagunes Huerta, Luciana Ramos Lira, Luis Flores, Magdalena López Rocha, Manuel Alejandro Guerrero, Marlén Castro Pérez, Miguel Pulido, Patricia Andrade del Cid, Paula Fernanda Hurtado Calderón, Paulina Gutiérrez, Ricardo Raphael, Roberto Alonso, Sergio Aguayo, Sergio López Ayllón, Sergio Manuel López Menéndez, Susana Lerner, Teresa Castillo Ruíz, Tomás Severino Ortega, Urí Barreda, Wendy Salas Martínez, Yaneli Guerrero Rodríguez.

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Lavanderos y lavanderas:

Hace unos días, mientras revisaba las noticias por internet, me topé con varias notas sobre un dichoso Banco Mundial (BM). Al leer su nombre, como que me sonó conocido y no supe porqué, así que decidí investigar un poco sobre éste.

Lo primero que me sorprendió fue que el nombre completo de esta institución financiera es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aunque comúnmente se le conoce como Banco Mundial. Ahora, pese a que en efecto se trata de un banco, éste no da préstamos a personas comunes y corrientes como nosotras; sus clientes son los gobiernos de los países en vías de desarrollo y es a ellos a los que otorga préstamos millonarios.

También pude darme cuenta que, según el mismo BM, su misión consiste en acabar con la pobreza y ayudar a los países a desarrollarse. Me encontré con mucha información y notas periodísticas, que en buena parte eran críticas. La mayor parte de ellas eran justamente sobre su misión: afirmaban que más allá de acabar con la pobreza, esta institución y los modelos o requisitos que le pone a los países, responden a ciertos intereses y que esto es uno de los factores para que la pobreza y la desigualdad en los países persistan.

Como estas notas me despertaron la curiosidad, decidí investigar un poco más sobre el Banco Mundial y conocer de dónde saca el dinero para financiar a los gobiernos. Lo primero fue preguntarme quién decide cómo se gasta ese dinero. Pues bien, resulta que el BM está formado por 187 países miembros. Se fundó en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, como una institución que ayudara a gestionar los recursos destinados a la reconstrucción de Europa y el progreso de los países en vías de desarrollo. Fue en ese momento de la historia cuando formalmente dividieron al mundo en categorías (países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados), y países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia se convirtieron en modelos a seguir.

Por otro lado, me encontré con que todos los países miembros aportan al capital (el dinero) del banco y por lo mismo son dueños de éste. Si todos son dueños, una creería que todos los países deciden por igual; sin embargo, esta institución funciona con el modelo “un dólar = un voto”. Así es, los países más ricos son los que tienen más acciones y, por lo tanto, los que poseen un mayor poder de decisión en torno a lo que el Banco Mundial hace y la manera como lo hace. Con esta lógica, Estados Unidos tiene e históricamente ha tenido el 16% de las acciones, además de que la presidencia de este Banco siempre ha estado en manos de un estadounidense.

Por estas razones, algunos críticos acusan a este organismo de haber servido a los intereses del modelo de desarrollo de Estados Unidos y de los países más ricos desde sus inicios. Lo que por supuesto, ha tenido y tiene claros impactos en nuestro país y en su ciudadanía. Por un lado, México es de los países en América Latina que más ha pedido prestado, además de que suele ser el primero en experimentar con las nuevas iniciativas e instrumentos de préstamo del Banco. Al inicio de cada sexenio, el Banco Mundial y el gobierno mexicano elaboran una Alianza Estratégica, en la cual, entre muchas otras cosas, establecen cuáles serán las áreas prioritarias de inversión para el desarrollo del país. Sin embargo, es bastante normal pensar que la decisión del Banco tiene un peso importante en dicha Alianza. Por otro lado, cuando el gobierno mexicano negocia un préstamo con el BM, automáticamente el monto se va a la deuda externa pública. Esto quiere decir que todos los mexicanos y mexicanas pagamos los préstamos, y sus intereses, a través de los impuestos. ¡Terminamos pagando y además siendo sus conejillos de indias!

Al ver qué es lo que se financia con estos recursos, encontré que no solo son proyectos puntuales y programas federales (como Oportunidades y Seguro Popular), sino que gran parte de estos recursos se destinan a reformas de política pública. Dado que esto impacta directamente la vida de todos los mexicanos, ¿no creen que tenemos el derecho a saber cómo se está endeudando el gobierno en nombre del desarrollo y cuáles son los criterios con los que éste toma decisiones sobre dichos recursos? Y no solo porque se trata de recursos públicos, sino porque las decisiones sobre desarrollo y política pública nos competen como ciudadanas y ciudadanos.

Además, el Banco Mundial ha causado controversia por los préstamos que ha brindado porque siempre exige ciertas condiciones para que los países puedan acceder a los recursos. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y qué implicaciones tiene después para los países acceder a estos préstamos? Son preguntas a las que no pude encontrarle respuesta en internet. Voy a seguir investigando y ya les contaré con más detalles en otro momento.

Por lo pronto, les comparto esta Guía para conocer la Política de Acceso a la Información del Banco Mundial que me encontré. Aquí explican detalladamente cómo obtener información sobre lo que el Banco Mundial está financiando en un determinado país. Está muy interesante, los invito a echarse un clavado y ver cuáles son los proyectos y montos que el gobierno mexicano ha negociado con el Banco Mundial. Recuerden que se trata de su dinero. ¿A poco no les dan ganas de monitorear esos recursos públicos y también cuestionar a las autoridades que se lo gastan?

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Lavanderas y lavanderos:

Espero que sigan bien. Yo aquí con algo nuevo de lo que hablarles. Resulta que la semana pasada estuve en Bogotá, tengo una prima que vive allá y como pude juntar unos ahorritos, me lancé a visitarla. Ella trabaja en una organización civil llamada Foro Nacional por Colombia, que entre otras cosas son especialistas en el tema de la minería y del petróleo. Es por ello que pertenece a la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, de la que hacen parte un buen número de organizaciones de diferentes países de la región. La red organizó el IV Foro Latinoamericano sobre industrias Extractivas en aquella ciudad y como éste ha sido un tema que siempre me ha interesado, me acerqué con mi prima a ver qué contaban.

Entre otros temas, en el foro se discutió sobre la famosa “Consulta Previa”. Bueno, pues se trata de un derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados antes de tomar decisiones sobre proyectos que los afectan. Por ejemplo, si se va a desarrollar un proyecto minero o petrolero, o si se va a construir una presa o una carretera, el gobierno tiene la obligación de abrir un proceso de consulta libre, previa e informada que asegure que la población participe en la toma de decisiones sobre el mismo. No solo sobre si el proyecto se llevará a cabo o no, sino también sobre las medidas que se tomarán para evitar afectaciones a la gente y al medio ambiente, y para compensar a la gente por posibles molestias o daños que se les pueda ocasionar. Es decir, que tienen derecho a decidir sobre su vida, su desarrollo económico, social y cultural, y sus tierras.

Como ya les comenté, el derecho a la consulta está contemplado en varios instrumentos legales internacionales, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero, ¿qué creen? Ello no ha asegurado que este derecho esté siendo cumplido por los gobiernos latinoamericanos. La gran mayoría de ellos ni siquiera ha creado leyes nacionales sobre este tema, por lo que en la práctica es casi imposible que la gente pueda exigir que se les consulte ante proyectos que afectan de manera dramática su vida. Y pues en el foro me enteré que este es el caso de nuestro país, aunque forma parte del Convenio y ha firmado la Declaración.

Esto me parece muy grave porque en nuestro país se llevan a cabo gran cantidad de proyectos de esos que llaman de “desarrollo”. Y en concreto, proyectos mineros y petroleros. Fíjense que un 25% de nuestro territorio está concesionado para la actividad minera, y la actividad petrolera se desarrolla en once estados de la República. Y, supongo que ya habrán escuchado de ello, existen varios conflictos abiertos en torno a proyectos de estas características porque su desarrollo está violando no solo el derecho a la consulta, sino toda una serie de derechos que la consulta hace posible asegurar tanto a la población indígena como a la no indígena. Por ejemplo, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a un trabajo digno, a la integridad física y mental y a la seguridad, entre otros. Este es el caso de cuatro proyectos de los que les hablé hace algún tiempo: el de la empresa CARESA en la colonia Los Aguilares en Tabasco, los proyectos Aceite Terciario del Golfo y Caballo Blanco en Veracruz, y el proyecto hidroeléctrico Cerro de Oro en Oaxaca.

Me parece a mí que cada vez es más urgente que México cree una ley de consulta previa. Que no nos den atole con el dedo. La ley debe asegurar que la consulta es vinculante; es decir, que lo que decida la población determine el futuro del proyecto. Que no sea un mero procedimiento en el que el gobierno pregunte y finalmente haga lo que le venga en gana. Además, la consulta no debería estar limitada a los casos donde los proyectos afectan a población indígena. Esto es importante porque también el resto de la gente de este país debemos tener derecho a decidir sobre nuestro futuro y tener herramientas para exigir y defender nuestros derechos. Y sin duda, la ley debe asegurar que podamos acceder a toda la información relevante sobre los proyectos en el momento y la forma que nos permitan participar de mejor manera en la toma de decisiones. Estas son solo algunas ideas que se me ocurrieron a raíz de lo que escuché en Bogotá, seguramente a ustedes se les ocurrirán otras. ¿Cómo ven si empezamos a exigir a nuestros gobernantes que las pongan en práctica?

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¡Lavanderos y lavanderas!

En esta ocasión les escribo con entusiasmo; para precisar, de muy buen ánimo y con gran expectativa. Les platico que el pasado 25 de abril, por unanimidad, se aprobó en el Senado de la República la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas, precisa la obligación de reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas, ya sea a consecuencia de la delincuencia y/o por causa de la violación a derechos humanos por parte del Estado mexicano. Esto es importante porque cuando se habla de reparación integral, refiere la obligación de respuesta por parte del Estado, que no es solamente económica sino que debe comprender asistencia jurídica, médica y psicológica. Y en algunos casos, de otras medidas que garanticen la no repetición del hecho, así como medidas de salvaguarda de la seguridad de las personas afectadas o la reintegración en su medio social.

La Ley que les menciono, distingue entre medidas de ayuda y de reparación. Aunado a esto, que de por sí ya es relevante, se prevé la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral; y pone además estos mecanismos, bajo control de un Sistema Nacional de Víctimas en el que se contempla la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Debo platicarles algunos puntos importantes. Es muy valioso que esta Ley camine en las instancias legislativas, sin embargo, no debemos olvidar que la obligación de reparar el daño y la de atender a las víctimas acorde con los estándares internacionales, no es algo nuevo. Es una obligación de antaño a la que poca atención se le había puesto y que ha adquirido especial resonancia por la movilización de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, familias – personas –  que se han visto seriamente lastimadas en sus proyectos de vida por la situación de inseguridad y violencia que vive nuestro país,  y que en el reclamo de los derechos de las víctimas, han exigido que el Estado mexicano responda.

Al olvido o poca atención a estas obligaciones, se suman otras realidades, como la falta de reconocimiento a la importante participación de las víctimas en la determinación de la reparación más idónea, aparejado al respeto irreductible de los derechos que suelen lesionarse cuando una persona es víctima de un delito y/o de una violación a derechos humanos. Además, que se deben garantizar los recursos para que la reparación sea una realidad. Este pendiente es añejo y en ocasiones se ha superado después de tortuosos procesos litigiosos – incluso a nivel internacional – y bajo la presión e insistencia de organizaciones de la sociedad civil.

Atender la problemática que viven las víctimas, requiere el compromiso de incorporar a las víctimas en la implementación de esta Ley  y que las obligaciones internacionales en la materia, sean una realidad. El camino es garantizar el destino suficiente y sin regresiones de los recursos económicos para ello y la puesta en marcha de estrategias que permitan que las instancias gubernamentales involucradas se coordinen y no fallen frente a un tema tan sensible.

No quiero dejar de comentarles, que esta Ley es producto de la organización y movilización de las víctimas. Personas que de manera directa o indirecta han visto su vida severamente lastimada ya sea por el grave contexto de inseguridad que vive nuestro país y/o por la negligencia del Estado para responder de manera pronta y en resguardo de sus derechos más básicos. Es por ello que no es menor dar seguimiento a lo que pase en la Cámara de Diputados a la que ya se le ha turnada tan relevante Ley.

Pueden acercarse a Curul 501 para conocer y opinar acerca de esta Ley.

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Lavanderas y lavanderos,

Les quiero contar un evento muy triste para la transparencia y la vida democrática del país: la designación del nuevo comisionado al Instituto Federal de Acceso a información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga. Es triste porque el proceso para elegirlo como comisionado fue opaco y poco incluyente; es decir, no supimos por qué lo eligieron ni hubo oportunidad para que la ciudadanía o los especialistas independientes pudieran participar en el proceso.

Según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el Ejecutivo federal nombra a las y los comisionados del IFAI y la Cámara de Senadores, por mayoría, puede objetar su designación. Durante los 30 días que tenía el Senado para objetar dicha designación, varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) se pusieron las pilas y buscaron a las y los senadores para explicarles porqué deberían de objetar la designación de Laveaga (que básicamente era por su falta de experiencia y por su posición conservadora para abrir versiones públicas de averiguaciones previas concluidas). Y es en serio, no había ni hay razones para sostener su designación más allá de la relación cercana con el Presidente.

Sin embargo, los senadores y senadoras del PRI y del PAN no escucharon la posición de las OSC y simplemente se hicieron patos. Como se necesitaba la mayoría para objetarlo, pues Laveaga quedó de comisionado. Otra historia hubiera sido si las y los senadores hubieran tenido que emitir su opinión para ratificarlo; por lo menos hubieran abierto el debate y su designación se hubiera tenido que sostener por argumentos reales y no por lealtades.

Este proceso nos recuerda a la selección de la comisionada Sigrid Arzt, que cuenta con mucha experiencia en seguridad nacional (venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN) pero lamentablemente muy poca en materia de transparencia. Como en esta ocasión, varias organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre su designación y simplemente no se tomó su opinión. El asunto es que en esencia hay muy poca voluntad de los actores políticos, de todos los partidos, para tomar en cuenta las necesidades y opiniones de la ciudadanía; y este tipo de procesos es claro ejemplo de ello.

Al final, el mayor problema con estas designaciones es que generan desconfianza y con ello se debilitan las instituciones del país. Se requieren procesos que generen certidumbre y no desconfianza, en donde se discutan los mejores perfiles y se elija a quienes puedan contribuir de mejor manera para avanzar hacia un Estado cada vez más transparente y democrático. Cuando el proceso es cerrado, nos obliga a pensar que se trata de una prebenda política, una jugada del Ejecutivo para evitar rendir cuentas a la ciudadanía.

Que las y los comisionados sean cercanos al Presidente es muy delicado porque ante temas verdaderamente espinosos o controvertidos, estos se alinearán a la política de opacidad del gobierno y finalmente debilitarán al IFAI. Es por eso que resulta urgente reformar la LFTAIPG en cuanto a la designación de las y los comisionados se refiere, y así caminar hacia un proceso que brinde legitimidad y confianza. Es urgente contar con mecanismos que tomen en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los especialistas para asegurar la selección de los mejores candidatos.

La falta de experiencia de Laveaga en temas de transparencia se dejó sentir en sus declaraciones el día que asumió su cargo, ya que se pronunció por una transparencia gradual. Sostuvo que no puede abrirse todo de repente. ¿Y el principio de máxima publicidad que estipula claramente la propia Ley de Transparencia en su Artículo 6 qué? No necesitamos comisionados tibios que duden cuando tienen que exigir mayor transparencia. ¡Esto no fortalece al órgano garante de la transparencia!

Ya tenemos autoridades que niegan información pública, lo que menos necesitamos ahora son comisionados del IFAI que también lo hagan. Desafortunadamente en esta ocasión ganó la opacidad.

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Lavanderas y lavanderos,

Seguro recuerdan que hace un tiempo les platiqué de los problemas que una conocida mía había tenido para obtener los medicamentos que le correspondían por ser afiliada al Seguro Popular. Ello pese a que el Gobierno Federal no para de presumir en sus anuncios sobre esta cobertura médica “universal” y cómo gracias a ella mucha gente tiene acceso a distintos servicios de salud. Y vamos, para nadie es un secreto que los medicamentos son de los servicios más básicos que debe ofrecer un gobierno. ¿No?

La cuestión es que, como ya saben que lo mío es andar investigando, me dio por echarle un vistazo al Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2010 para ver si había alguna pista sobre el motivo del desabasto de medicamentos. Y vaya si encontré, ¡y nada bueno! Pero primero me gustaría contarles un poquito más sobre este informe, por si no lo conocen. Cada año, la ASF realiza un análisis de cómo se gastaron nuestros dineros. Para ello, realiza auditorías a diferentes programas y proyectos en todos los estados de la República, y pues entre ellas al Seguro Popular. Y en concreto, al dinero destinado a la compra de medicamentos en los estados.

El reporte de 2010 de la Auditoría muestra que existen serios problemas que explican, en parte, que la gente no esté pudiendo acceder a las medicinas que les corresponden. De esta manera, la ASF señala que un total de 334.9 millones de pesos no fueron utilizados correctamente por parte de los estados. ¿Se imaginan? ¡Es un dineral! Varias son las causas que están detrás. Por ejemplo, que los servidores públicos han destinado recursos a la compra de medicamentos que no estaban dentro del catálogo del Seguro Popular. Por si esto fuera poco, se han dedicado también a comprar medicamentos a precios superiores de los establecidos por la Secretaría de Salud.

Además, las autoridades de los estados hacen un mal manejo de los inventarios de medicamentos. Y esto se traduce en que muchas personas se queden sin poder acceder a las medicinas que necesitan porque una y otra vez existe desabasto en las clínicas, por lo que muchas veces los pacientes no pueden recibir el tratamiento completo. Pero incluso hay cosas peores, como que los medicamentos se quedan guardados en las clínicas sin llegar nunca a las personas que los necesitan o que caduquen en farmacias y almacenes, en una completa falta de consideración por la salud de la gente.

Y para colmo, una y otra vez las recomendaciones que hace la Auditoría no son tomadas en cuenta por las autoridades responsables. Como la ASF no puede castigar el mal uso de los recursos públicos y las malas prácticas de los servidores públicos (no tiene facultades legales para que sus recomendaciones se conviertan en obligaciones vinculantes), las cosas no cambian y la gente sigue sufriendo las consecuencias de no poder tener sus medicinas en el momento en que las necesitan.

A mí esta situación me parece de vergüenza, no sé a ustedes. Y es nuestra salud lo que está en juego. Eso sí, mientras tanto no se cansan de repetirnos hasta la saciedad que han logrado la “cobertura universal”. ¿De qué sirve que todos tengamos una credencial del Seguro Popular si no hay hospitales cercanos, ni doctores que nos atiendan, ni tampoco medicamentos disponibles? Así que al menos, me gustaría que eventualmente nuestros legisladores tuvieran el valor suficiente para darle “dientes” a la Auditoría Superior de la Federación para que los funcionarios que no hagan su chamba sean castigados. ¿Cómo ven? ¿Pido mucho?

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¡Lavanderas y lavanderos!

Recordarán que hace unos meses les platiqué del lamentable hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre de 2011, en el que dos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados en respuesta a la toma de la salida de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir que el Gobierno cumpliera con sus demandas en materia de educación.

También les conté que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH) presentó un informe preliminar que confirmaba las irregularidades de la investigación, pero que no mostraba aún conclusiones sobre los hechos. En seguimiento al caso, el pasado 27 de marzo, el titular de la CNDH, presentó la Recomendación 1 VG/2012 señalando las violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con los hechos ocurridos. La  recomendación señala la responsabilidad de autoridades federales y estatales en la ejecución extrajudicial de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en la detención arbitraria, tratos crueles, actos de tortura y empleo excesivo de armas de fuego en contra de quienes se encontraban en dicha manifestación.

Además, reconoce que las políticas en materia de educación en el estado de Guerrero, por mucho, son insuficientes de manera general, y de manera específica, reflejan el reiterado incumplimiento a las demandas de las y los normalistas. Y por lo tanto, un deficiente respeto al derecho a la educación.

Además del seguimiento que el hecho merece, vale la pena recordar algunos elementos. Primero, que las y los normalistas año con año, se manifiestan ante las inminentes acciones en menoscabo de su derecho a la educación y en solicitud del incremento en el presupuesto para la Normal –asociado al respeto al derecho a la alimentación–, mejoramiento de las instalaciones, aumento del número de matrículas y la permanencia de la Normal como una oferta educativa que responda a necesidades puntuales de la región y en la generación de empleo para sus egresados y egresadas.

Podremos estar o no de acuerdo con los canales de protesta social que usaron las y los estudiantes. Sin embargo, un juicio al respecto podría considerar la siguiente reflexión: el Estado mexicano es el principal obligado a garantizar los derechos constitucionales de los que todos y todas somos titulares, y en materia del derecho a la educación debería poner en marcha acciones que lo acerquen más a ser una realidad plena y de calidad. En el caso del uso de la fuerza, resulta contradictorio que el obligado a proveer de una necesidad tan básica, que se liga directamente al goce y ejercicio de otros derechos –como el trabajo, la alimentación, la vivienda, entre  otros–  sea quien penalice, agreda y para el colmo, no asuma siquiera que eso mismo ha hecho.

La recomendación de la CNDH, como ente autónomo del Estado mexicano, es un paso relevante para reconocer las violaciones suscitadas antes y durante los eventos del 12 de diciembre. Sin embargo, nos invita a preguntarnos que tan viable es para nuestro país seguir reconociendo violaciones a derechos y no empeñar estrategias para evitarlas.

En primer término, vale la pena decir que es necesario, que cuando estas violaciones se comentan, exista un órgano que de manera puntual y enérgica señale que el Estado ha violentado derechos. Sin embargo, sería todavía más idóneo que estas situaciones no sucedieran. Y que el organismo público autónomo de defensa y promoción de los derechos humanos, en cumplimiento de su propio mandato prevenga por un lado, que el Estado reprima y penalice a sus ciudadanos y ciudadanas en reclamo de sus derechos, y por otro, aporte al pleno goce o disfrute de los derechos humanos por todos y todas, en mayor grado y mejores condiciones.

Esta exigencia hacia la CNDH no es un sinsentido, guarda total pertinencia con su mandato Constitucional y de Ley, que sin abundar mucho, responde a su objeto  esencial de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano (Ley de la CNDH).

Es importante ahora que, por un lado, la CNDH vigile e insista en que las autoridades señaladas cumplan con su recomendación. Y por otro, que de manera activa prevenga hechos similares en el futuro y en cumplimiento de su mandato promueva y difunda los derechos humanos. Es nuestro derecho exigir a nuestras instituciones emprender todas las acciones posibles para que las condiciones de vida mejoren, que prevenga y reparen, difundan y promuevan un país en el que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas que vivimos o transitamos por él. Si la institución especializada en la materia no lo hace, ¿entonces quién lo hará?

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La semana pasada escuché mucho sobre la AGA: “Que la AGA es una gran oportunidad para México y los países de la región”. “Que la AGA podría servir para garantizar que los gobiernos cumplan con sus compromisos”. “Que la AGA podría fortalecer el diálogo entre diferentes actores”. “Que hay que definir bien qué es la AGA”. Entre tanta AGA, decidí informarme y encontré que estas siglas significan Alianza por los Gobiernos Abiertos, y que es lo mismo que Open Government Partnership (OGP).

Esta alianza es una iniciativa de varios países que se lanzó en septiembre de 2011. A grandes rasgos, busca que los gobiernos de distintos países del mundo sean más transparentes, efectivos y que rindan cuentas a sus ciudadanos. Para que un gobierno se considere abierto es importante que incluya en su quehacer la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la tecnología e innovación. Lo que la AGA busca es que cada país detecte cuáles son sus desafíos más grandes y que con base a ellos decida cómo se compromete a realizar acciones concretas para enfrentarlos. Y finalmente, la idea es que estas se plasmen en un plan de acción.

Lo primero que me surgió al leer esto fue pensar que no hay nada nuevo en esta propuesta de la Alianza por los Gobiernos Abiertos, pues constantemente el gobierno enuncia sus retos y hace compromisos que, como bien sabemos, no necesariamente cumple. Sin embargo, después encontré que una de las apuestas de esta iniciativa es tomar en cuenta a la sociedad civil y a la iniciativa privada. Es decir, no solo el gobierno decide a qué se compromete dentro de la Alianza, sino que el Plan de Acción debe ser elaborado conjuntamente con estos actores relevantes. Además, para que un país forme parte de la AGA necesita, entre otras cosas, tener una Ley de Acceso a la Información o leyes que garanticen el derecho de informarse y tener mecanismos de transparencia fiscal.

En el caso de México, quienes están impulsando esta iniciativa son la Secretaría la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la sociedad civil (como el Instituto Mexicano para la Competitividad y Fundar), y algunas empresas como CitiVox.

Los cinco retos que establece la Alianza son bastante amplios: mejorar los servicios públicos (que haya menos burocracia y todo sea más claro para todas y todos), aumentar la integridad pública (acabar con la corrupción), manejar eficaz y eficientemente los recursos públicos (que no malgasten los recursos y que no se los roben), crear comunidades más seguras, e incrementar la rendición de cuentas por parte de las empresas.

Lo interesante es que bajo cada uno de estos retos cabe prácticamente lo que se nos ocurra. Por lo que cada uno de los planes de acción de los países que forman parte de la AGA son totalmente distintos. Por ejemplo, uno de los miembros de la Alianza por los Gobiernos Abiertos contaba que en Inglaterra, al elaborar el plan de acción, algunos de los actores pidieron que se divulgara información sobre la carrera de los cardiólogos. Información como el número de operaciones y decesos que habían tenido, para que la gente que necesite ser operada pueda elegir.

En realidad se puede pensar en solicitar gran parte de la información que concentra el gobierno y que propiciaría que la vida de las personas mejore. Además, está el hecho de que al contar con información pública relevante la ciudadanía puede tomar mejores decisiones. Tampoco sobra decir que un gobierno debe tener la capacidad, con o sin Alianza, de proveer a la ciudadanía con información sobre cómo está ejerciendo los recursos públicos y cuáles son los resultados.

Si bien la AGA permite que las propuestas impulsadas por la sociedad civil tengan mayor difusión y visibilidad, así como crear nuevos espacios de incidencia, también quedan algunas preguntas por responder. ¿Qué pasará si un gobierno incumple con sus compromisos? ¿Cómo garantizamos que el plan de acción del país realmente se realice de manera conjunta, gobierno – sociedad civil – iniciativa privada? ¿Qué indicadores permitirán saber si un país está avanzando en el reto que se ha planteado?

Habrá entonces que esperar y ver cuál es el auténtico valor agregado de esta iniciativa, pues ciertamente desde hace años existen espacios de diálogo con el gobierno para promover el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, y exigir que se combata la corrupción. En fin, hay que estar atentos y pensar en cómo desde la ciudadanía podemos ir siguiendo estas ideas y exigir que nuestro gobierno cumpla cabalmente con el plan de acción al que se comprometió.

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Lavanderas y lavanderos,

No sé si recuerden que hace tiempo les platiqué que este año se lanzaría la sexta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP), correspondiente al año 2011. Pues como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este martes 20 de marzo fue el día elegido para tan importante evento. Como les contaba entonces, el ILTP mide el nivel de transparencia de las diferentes etapas del proceso presupuestario. Es decir, desde que las distintas instancias públicas lo elaboran hasta la evaluación de su aplicación, pasando por su aprobación y ejecución. Para ello, las organizaciones que lo producen le preguntan a diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de manera habitual (legisladores, académicos, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil) sobre su percepción respecto al acceso a esta información.

Pues resulta que este año a México no le fue nada bien. Con respecto a los otros países que participaron –Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Guatemala–, nuestro país quedó a media tabla. Pero además, ¡2011 es el año en que México ha sacado la peor calificación desde la creación del índice! Fíjense, reprobó con una calificación de 45 sobre 100. Es decir, la balanza se encuentra más inclinada hacia el lado de la opacidad. Esto, como señalaban ayer los investigadores de Fundar durante la presentación del ILTP, supone una gran paradoja. Déjenme que les explique por qué: resulta que por lo que contaban, durante los últimos años sí ha habido un avance en la cantidad de información que el Estado publica sobre el presupuesto; sin embargo, las percepciones sobre la transparencia presupuestaria no han hecho más que empeorar.

Seguramente, ustedes como yo se estén preguntando a qué se debe esta aparente contradicción. Pues bien, estos investigadores y los otros invitados que participaron en la presentación del índice, nos dieron algunas pistas para entenderla. Aunque, como les decía, ahora la información del presupuesto es más clara y ha habido esfuerzos para rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, parece que ello no ha tenido un efecto real en la calidad de vida de la gente. Lo que quiere decir que por sí sola la transparencia no es suficiente para asegurar que el gasto público cumpla con su objetivo fundamental; es decir, asegurar que se cumplen nuestros derechos y que se nos asegura el acceso a los servicios básicos que el Estado debe proveer para ello.

Para lograrlo, además de darnos información, nuestros gobernantes deberían asegurar otra serie de medidas y acciones encaminadas a solucionar los problemas que se detectan mediante la evaluación del gasto, como desvíos y malas prácticas. También es necesario que esta evaluación mida el grado en el que el gasto logra, o no, tener un impacto positivo en la vida de las personas, y que los recursos puedan reorientarse en función de los resultados obtenidos. Y, por supuesto, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece fundamental que como ciudadanas y ciudadanos que somos podamos participar y opinar sobre cómo se debe gastar nuestro dinero para que realmente nos beneficie. Así que los resultados del ILTP nos muestran que nuestros gobernantes tienen mucha chamba por delante. ¿Qué esperamos para exigirles que la hagan?

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